Francisco Guiñazú impugnó otra vez la postulación de Luis Martínez en la procuración General
Ahora cuestionó la nominación ante el Senado porque está comprometida la imparcialidad del diputado albertista para ocupar el puesto de jefe de los fiscales.
El abogado y ex concejal, Francisco Guiñazú impugnó por segunda vez al candidato a procurador General, Luis “Lucho” Martínez en una presentación que hizo ante la Cámara de Senadores.
Los argumentos fueron los mismos que esgrimió en el planteo elevado ante el ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, una vez que se formalizó la publicación de la propuesta en el Boletín Oficial del 10 de agosto.
La impugnación a Martínez está basada inicialmente en que “su actual función de legislador y apoderado del partido que gobierna la provincia, comprometen su imparcialidad u objetividad, en el ejercicio de su función como titular del ministerio público fiscal”.
“La observación señalada comprende la necesaria verificación acerca del cumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 202, inciso 4 de la Constitución Provincial”, puntualizó Guiñazú.
Ese punto exige como requisito para ser procurador contar con diez años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial.
El planteo ante el Poder Ejecutivo realizado el 18 de agosto no fue contestado y el trámite siguió su curso con el envío del pliego al Senado. En la última sesión se fijó la fecha de la audiencia pública de Martínez, quedando así habilitada la instancia de impugnación.
En declaraciones a El Chorrillero, Guiñazú señaló que ampliará la presentación y asistirá el 13 de octubre a las 10:30 al acto abierto.
“Es necesario que demuestre y explique si cumple con la antigüedad de ejercicio profesional que exige la Carta Magna. Es importante que informe la causas y sus respectivos números en las que intervino”, requirió.
Al mismo tiempo tuvo en cuenta dos de los roles del jefe de los fiscales y puso en duda la imparcialidad de Martínez, actual diputado del Frente Unidad Justicialista e integrante de la mesa de apoderados del PJ.
Alberto Rodríguez Saá y Luis Martínez. (Foto web)
“El procurador tiene a su cargo el control de legalidad de todos los actos de la administración, muchos de ellos fueron votados y defendidos por él en su condición de presidente del bloque. A su vez es el titular de la acción pública, defiende a todos los ciudadanos. Entonces qué control puede existir de una persona que defiende y está referenciada con el proyecto de gobierno, es imposible que pueda cumplir con objetividad. Es un error grave del Poder Ejecutivo y no pongo en tela de juicio si es capaz o no el candidato”, sostuvo Guiñazú y dijo que el cuestionamiento lo formuló como ciudadano.
Esta es la única impugnación que se conoce hasta ahora a Martínez, cuyo pliego tiene el camino allanado porque el oficialismo controla la Cámara Alta.
“Seguramente le preguntarán de qué color es el caballo blanco de San Martín y responderá blanco y levantarán la mano para votar”, consideró Guiñazú e insistió que en “una democracia real y en un estado derecho la función de procurador no está reservada para alguien muy vinculado a un proyecto de gobierno”.